Inmigrantes blanco de estafas en medio del impulso a las deportaciones de la administración Trump

Edith, una joven de 20 años originaria de Guatemala, ha permanecido en su hogar junto a su bebé de un año, Justin, durante semanas, tras haber vendido su único medio de transporte.

"Estar atrapados en casa, encerrados, es algo muy, muy difícil para nosotros", le dijo a ABC News.

Edith -ciudadana estadounidense criada en Guatemala que solicitó ser identificada únicamente por su primer nombre por motivos de privacidad- vendió su automóvil y gastó los ahorros de toda su vida para pagar a una persona que creía que era abogada, con el fin de ayudar a su esposo, Dimas, quien fue arrestado y puesto bajo custodia de inmigración en marzo.

Después de que Dimas -el sostén indocumentado de la familia- fuera trasladado rápidamente a un centro de detención en Georgia, Edith buscó un abogado de inmigración en las redes sociales, donde un desconocido le recomendó a una supuesta abogada radicada en Florida.

"Se hizo una videollamada y la mujer, que decía ser abogada, me explicó que para lograr la liberación de alguien de un centro de detención de inmigración, era necesario presentar una solicitud de "habeas corpus", dijo Edith a ABC News.

Edith contrató a la mujer y comenzó a comunicarse con ella con frecuencia. Completó los documentos que ella le enviaba y comenzó a enviarle pagos. Incluso recibió documentos que parecían provenir del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), la agencia federal encargada de supervisar los servicios de inmigración.

"Ella empezó a pedir dinero: $500 dólares, $600, $1,750, $4,000 dólares para la fianza, la petición, las copias [de los formularios]", dijo Edith.

Sin embargo, el mes pasado, cuando la mujer debía participar en una videollamada para la audiencia inicial de Dimas ante un juez de inmigración, nunca se presentó. Más tarde, el esposo de Edith le dijo que el juez había dicho que la abogada no estaba registrada en el sistema judicial.

"Él me dijo: 'Te están estafando'", dijo Edith. "Yo respondí: '¿Pero por qué? ¿Por qué a mí?'. Empecé a sentirme realmente mal y no sabía qué hacer".

Tras confrontar a la mujer que había contratado, Edith se dio cuenta de que había sido estafada por una suma de más de $10,000 dólares -- los ahorros de toda su vida. Y, habiendo perdido todo su dinero, no pudo pagar por un abogado legítimo para representar a su esposo, a quien el mes pasado un juez de inmigración ordenó deportar.

"Una industria multimillonaria"

Edith es una de las muchas víctimas en todo el país que, según las autoridades policiales y los abogados de inmigración, están siendo blanco de estafadores que se aprovechan de la agenda de deportaciones masivas de la administración Trump.

Algunos estafadores, según las autoridades, están utilizando inteligencia artificial para simular audiencias judiciales de inmigración falsas; en ellas, los impostores visten uniformes judiciales y policiales, y utilizan documentos falsos que parecen provenir de agencias federales.

"En mi experiencia, esta es una industria multimillonaria", dijo Jorge Rivera, abogado de inmigración en Florida.

Rivera le dijo a ABC News que los estafadores -incluyendo la mujer que Edith contrató- han utilizado sus credenciales y la información de su bufete de abogados para apuntar a los inmigrantes.

"[Las víctimas] se han presentado a nuestra oficina y nos preguntan: "¿Qué ha pasado con mi caso?", dijo Rivera.

ABC News halló casos de estafas de inmigración sofisticadas en todo el país, incluso en Nueva York, donde cinco acusados se declararon no culpables de cargos que los imputan por haber llevado a cabo "procedimientos de inmigración fraudulentos", incluyendo entrevistas de asilo y comparecencias ante la corte.

Según la denuncia, una de las víctimas terminó perdiéndose su verdadera audiencia de inmigración y fue deportada.

"Al actuar de este modo, los acusados demostraron un desprecio total y absoluto por las consecuencias potencialmente devastadoras que sus acciones infligieron a sus víctimas -- personas vulnerables que no solo perdieron sumas considerables de dinero, sino que también se perdieron sus comparecencias reales ante la corte de inmigración", dijeron los fiscales.

Y el mes pasado, cuatro personas en Orlando, Florida, fueron acusadas de establecer un bufete de abogados de inmigración falso y de extorsionar millones de dólares a sus víctimas. Aún no han presentado sus declaraciones formales ante la corte.

"Es desgarrador"

Rivera dijo que las estafas de inmigración han empeorado "exponencialmente" durante la segunda administración de Trump, debido a que se han "cerrado" más vías para obtener alivio migratorio.

"Ha habido pausas, hay más denegaciones; indudablemente, resulta más difícil lograr resolver su estatus migratorio", dijo. "Esto es una tormenta perfecta para los criminales".

Rivera dijo que, si quienes buscan ayuda "hablan con un abogado legítimo y, al mismo tiempo, hablan con un estafador -y este último les da esperanza y les plantea posibilidades-, terminarán optando por la persona que les ofrece esa esperanza".

Rivera comentó que ha estado colaborando con las fuerzas del orden en todo el país para mandarles información sobre presuntos estafadores, y que también se ha puesto en contacto con las empresas de redes sociales para solicitar la eliminación de perfiles falsos.

En un comunicado dirigido a ABC News, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) advirtió que los estafadores también se están "haciendo pasar por agentes de ICE y del USCIS para engañar a las personas y lograr que les entreguen dinero o información personal".

El DHS aclaró que sus funcionarios nunca realizarán llamadas inesperadas, ni exigirán dinero, ni aceptarán pagos mediante tarjetas de regalo o criptomonedas.

Los estafadores también están apuntando a grupos de defensa de los inmigrantes, tales como "Catholic Charities", dijo Kevin Brennan, vicepresidente de dicha organización, a ABC News.

"Ha sido realmente en el último año, aproximadamente, cuando empezamos a recibir denuncias sobre personas que afirmaban representar a Catholic Charities -así como a otras organizaciones que prestan servicios jurídicos a inmigrantes y refugiados- y que utilizaban las redes sociales para ofrecer servicios de manera fraudulenta, expresar un sentido de urgencia y solicitar dinero", dijo Brennan a ABC News.

"Es desgarrador ver a personas necesitadas, que buscan ayuda, siendo víctimas de la explotación de estos estafadores y delincuentes de una manera tan terrible", añadió.

En el caso de Edith, la posibilidad de obtener asistencia legal legítima para intentar lograr la liberación de su esposo antes de que sea deportado se está desvaneciendo. Después de que un juez de inmigración ordenara la deportación de su esposo el pasado 28 de abril, este se encuentra actualmente bajo custodia de ICE y a la espera de ser repatriado a Guatemala.

Edith dijo que, muy probablemente, viajará a Guatemala para reunirse con su esposo y permanecer junto a él.

"Es algo muy feo, y no se lo deseo a nadie más -- a una persona que está sola y sin apoyo", dijo Edith. "No es fácil".

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Tonya Simpson y Emily Kohlberg, de ABC News, contribuyeron a este reportaje.